Naufraga el sueño de la pacificación en Río de Janeiro

Un grupo de personas corre después de que miembros de la policía lanzaran bombas de gas lacrimógeno para dispersar una protesta por las calles de la favela de Mangueira. EFE

Afganistán, Siria, Irak. Son las respuestas de algunos transeúntes cuando escuchan en unos auriculares el sonido de unos tiros e intentan adivinar la procedencia. Las caras de los participantes en este este experimento del colectivo ‘Voz das Comunidades’ cuando descubren que ese sonido resuena a pocos kilómetros de las apacibles arenas de Copacabana es un reflejo de la guerra no declarada que vive la ciudad; una atmósfera violenta que se recrudeció en los últimos meses, cuando se apagaron los focos de los fastos olímpicos.

“Es una guerra que no entendemos. No es una guerra contra el narcotráfico, parece que sea una guerra contra nosotros los vecinos, contra los pobres, los ‘favelados’. Aquí los que entran en la favela entran matando. La policía debería proteger las vidas, pero nosotros sólo vemos ejecuciones“, explica en una entrevista con EL MUNDO Viviane Ribeiro, vecina y activista del Complexo do Alemão.

En el Alemão, uno de los mayores complejos de favelas de la ciudad, el paisaje es devastador: las paredes de las casas alternan los agujeros de las balas con los grafitis pintados en recuerdo de los últimos muertos. Los traficantes campan a sus anchas entre barricadas fuertemente armados. A pocos metros, la Policía Militar se refugia en una garita blindada. Este barrio es el ejemplo más visible del fracaso del sueño de la ‘pacificación’. La paz iba a ser el mayor legado que los Juegos Olímpicos iban a dejar en la ‘Ciudad Maravillosa’, pero acabará en el cajón de las promesas incumplidas.

Las Unidades de Policía Pacificadora (UPP) prometían ser la solución definitiva al crónico problema de la violencia en las favelas de Río. Estas comisarías se empezaron a instalar a bombo y platillo en 2008 y al principio dieron buenos resultados. Los índices de homicidios cayeron drásticamente. Con el tiempo se demostró que sólo consiguieron esconder el problema debajo de la alfombra. La violencia está aflorando de nuevo.

Los cinco primeros meses de 2017 fueron los más violentos de los últimos años en el Estado de Río: los registros de homicidios, latrocinios (robo seguido de muerte) y muertes por acción policial llegaron a 2.942, un 15% más que en el mismo periodo de 2016, según datos oficiales. La ciudad sigue siendo más segura que a mediados de los años 90, pero la sensación generalizada es que está volviendo a las andadas.

“La policía mata y después pregunta”

“Hubo un momento en que el que sentimos un poco de esperanza, pensábamos que por fin tendríamos nuestros derechos atendidos y que se nos miraría con dignidad. Pero todo sigue igual: el correo no llega a casa, hay muchas zonas que ni siquiera tienen alcantarillado. Aquí al Estado sólo lo vemos en forma de policía”, dice Ribeiro al hablar de la vida en la favela. Para muchos habitantes de estas comunidades la policía, que “mata y después pregunta”, nunca actuó como cómplice. Muchos lo dicen con la boca pequeña, pero añoran los tiempos en que sólo tenían que rendir cuentas ante los traficantes. En los últimos cinco años el número de tiroteos en favelas con UPPs aumentó un 13.746 por ciento.

La ansiada pacificación de Río fracasó por falta de planificación y porque no consiguió cambiar la política policial, según Pablo Nunes, sociólogo investigador del Centro de Estudios de Seguridad y Ciudadanía (CESEC) de la Universidad Cândido Mendes de Río de Janeiro. “Hoy tenemos una policía tan o más violenta que antes de las UPP. El cambio radical para conseguir avanzar un escalón hacia un policía democrática fue totalmente destruido”, apunta, destacando la pérdida de legitimidad que sufren las actuaciones de la temida Policía Militar.

Las operaciones policiales en favelas dejaron 480 muertos en los cinco primeros meses del año, casi el doble que en todo 2016. Pero la policía que más mata también es la que más muere. En lo que va de año fueron asesinados 81 policías. La precariedad forzada por la tremenda crisis que atraviesa el Estado de Río de Janeiro -que justo antes de los Juegos decretó el estado de “calamidad financiera”-tampoco ayuda. Muchos agentes cobran con meses de retraso y el dinero escasea incluso para llenar de gasolina los tanques de las furgones policiales. Esta semana más de 60 policías fueron detenidos por ganarse un dinero extra recibiendo sobornos del narcotráfico a cambio de hacer la vista gorda.

“Al principio las UPP se pensaron como una policía de proximidad, pero poco a poco se volvió al sistema tradicional, combativo. Ahora la policía es más vulnerable, porque está en todo momento dentro del conflicto. Esa imagen de una policía frágil es una señal muy clara de que alguna cosa no va bien, y si alguna cosa no está bien es mucho más fácil atacar”, apunta el especialista. Los narcotraficantes se sienten más confiados para retomar posiciones.

Ocurrencias de las autoridades

El pasado mes de marzo la muerte de Maria Eduarda, una niña de 13 años, conmocionó la ciudad. Una bala perdida acabó con su vida mientras estaba en clase de gimnasia en el patio de la escuela. Las primeras investigaciones apuntan a que las balas partieron de unos policías que estaban en los alrededores intercambiando tiros con narcotraficantes. Es una más en la larga lista de menores convertidos en ‘daños colaterales’ de la llamada “guerra a las drogas”.

Ante el impacto generado por estas muertes el alcalde de Río, el pastor evangélico Marcelo Crivella, respondió rápidamente: “Vamos a recubrir todos los colegios en zonas de riesgo con una argamasa especial antibalas”. Los especialistas se llevaron las manos a la cabeza: temen que ahora las escuelas se conviertan en búnkers donde acudan los narcotraficantes o la policía a refugiarse, exponiendo aún más a los niños.

“La seguridad pública va a la deriva; no se hacen gestos preventivos, faltan tácticas de inteligencia y el poder público no dialoga con la población”, apunta Nunes. Río de Janeiro no tiene un plan y eso no sólo se nota en las favelas, también en el ‘asfalto’, como los cariocas llaman a la ciudad formal. Los atracos aumentaron exponencialmente y nada queda de aquel oasis artificial que fue la ciudad durante los Juegos Olímpicos, con un militar en cada esquina. Durante aquellos días Río de Janeiro fue “el sitio más seguro del mundo“, como decían orgullos los políticos locales y los directivos del Comité Olímpico Internacional (COI). Los cariocas sabían que era un espejismo.

El clima creciente de inseguridad, conversación recurrente en bares, playas y ascensores, está generando el caldo de cultivo perfecto para los que proponen mano dura y tomarse la justicia por su mano. En un domingo de sol no es raro ver en la abarrotada playa de Ipanema a un grupo de bañistas dando una paliza a un menor por haber robado un móvil. Muchos se organizan a través de las redes sociales para “darles su merecido”.

El sentimiento no se queda en algo anecdótico y ya está extrapolando a la esfera política. El candidato de ultraderecha Jair Bolsonaro, que defiende que el “buen bandido es el que está muerto” pertenece al creciente número de brasileños que cree que estarían más seguros si pudiesen llevar una arma en el bolso, como en Estados Unidos. Hace unos años Bolsonaro era un personaje esperpéntico por el que nadie daba un duro. Hoy las encuestas de opinión le sitúan en el segundo turno para las elecciones presidenciales del año que viene.

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